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Lo ocurrido en Vic (Barcelona) el pasado mes de enero puede ser todo un paradigma de los tiempos duros que corren para los inmigrantes en nuestro país. Su alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal, decidió negar el empadronamiento a los “sin papeles”. Cuando el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reaccionó alertando que esta medida estaba “al margen de la ley”, el alcalde se escudó en un argumento burocrático: “Tengo que comprobar el nombre y sus datos personales, y el documento que lo acredita es el visado”. Seguramente, la presencia en el consistorio de cuatro regidores de Plataforma per Catalunya, una formación de marcado carácter xenófobo, tuvo un gran peso en esta polémica decisión.
No era la primera vez que en España se intentaba negar el empadronamiento a los extranjeros sin permiso de residencia. El Gobierno del PP lo hizo en 2003 de forma sutil: con su reforma de la ley de Extranjería se permitió que la policía tuviera acceso a los datos del padrón para detectar a los sin papeles. El efecto fue que miles de inmigrantes dejaron de inscribirse por miedo a ser expulsados. Pero en el caso de Vic el Gobierno no debería sorprenderse de que se haya llegado a este extremo. Ya el pasado 27 de noviembre, el mismo día en que el Congreso aprobaba la nueva Ley de Extranjería, Cáritas española, la Red Acoge y el CEAR alertaban de que “la dificultad para acceder al padrón municipal” sería una de las consecuencias más negativas de la nueva ley. No es que se niegue explícitamente el derecho de un inmigrante a este acceso, pero al penalizar –con una cierta ambigüedad– “la inscripción de un extranjero en el padrón municipal, por parte del titular de una vivienda, cuando ésta no constituya el domicilio habitual del extranjero”, abre la puerta a comportamientos como los del Ayuntamiento de Vic. El padre Carmelo del Río, capellán de inmigrantes africanos en la archidiócesis de Valencia, reconoce que “la nueva ley ha aumentado el miedo de muchos dueños de pisos a alquilarlos a inmigrantes y a facilitar su inscripción en los municipios”.
En España, de todos modos, no hemos llegado aún a los ataques xenófobos que durante el año pasado fueron una constante en Italia y que avergonzaron a muchos italianos. El más sonado ha sido el ocurrido el pasado 10 de enero en Rosarno (Calabria, en el sur de Italia). Allí las excavadoras han demolido una fábrica abandonada donde, cada año desde hace 20, se instalaban durante meses los temporeros africanos que recogían la mandarina. Esto ha sido la culminación de tres días de revuelta, disparos y ataques que se han cobrado cien heridos, casi todos ellos subsaharianos, y el éxodo de unos 1.500 inmigrantes. El ministro del Interior, Roberto Maroni, ha sido elogiado de forma unánime por los medios de comunicación de la derecha, particularmente de la Liga Norte, y por muchos ciudadanos del sur. Maroni achacó los desórdenes a “años de excesiva tolerancia” y, en lugar de actuar contra los vecinos levantados en armas, prometió “que todos los ilegales serían expulsados”. Los incidentes han merecido incluso una reprobación especial de Benedicto XVI (ver recuadro) y del ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, cuyo portavoz en Italia recordó que muchos africanos han abandonado Rosarno sin cobrar sus pagas y que muchos de ellos estaban legales y bajo protección internacional.
Quinta reforma de la Ley de Extranjería
En nuestro país la nueva reforma de la Ley de Extranjería (la quinta en los últimos 20 años) pone las cosas más difíciles para los inmigrantes: a partir de ahora a los menores no acompañados se les considera como inmigrantes irregulares, el acceso al padrón municipal se pone más difícil, se amplía el plazo de internamiento hasta 60 días y se restringe el derecho a la reagrupación familiar, que ahora se limita a los hijos menores de 18 años y a los padres mayores de 65. Y podría haber sido peor. El Partido Popular, que votó en contra de la nueva ley, dijo por medio de su portavoz de Inmigración, Rafael Hernando, que “al inmigrante se le reconocen derechos, pero no obligaciones”, y que, si llega al poder, cambiará la ley para hacerla más restrictiva.
 Las consecuencias de no poder inscribirse en el padrón son serias. Lo explica el padre mercedario Antonio Freijo, director del centro de acogida Karibu, donde mantienen un servicio médico gratuito: “La mayor parte de los africanos que vienen a nuestro centro han venido en patera, sin ni siquiera tener pasaporte, y no tienen tarjeta sanitaria ni acceso a la salud pública”. Carmelo del Río se lamenta: “Muchos de los inmigrantes africanos con los que trabajo no tienen tarjeta sanitaria y, cuando caen enfermos, intentan curarse con las medicinas de un amigo”. Si esto ocurre con el derecho a la atención médica, huelga decir lo que pasa con el acceso a otros derechos, como el acceso a la vivienda, a la educación y a otras prestaciones sociales. Parece como si se persiguiera hacer la vida de los “sin papeles” tan extraordinariamente dura que se les empujara a marcharse.
El único consuelo que queda con la nueva reforma es que podía haber sido aún más restrictiva. En su primera redacción se penalizaba con multas de hasta 10.000 euros a quienes proporcionaran hospitalidad a extranjeros en situación irregular. Varias organizaciones humanitarias y de Iglesia se unieron en un grupo denominado “Plataforma Salvemos la Hospitalidad” y lanzaron una campaña en la que se declararon dispuestos a llegar a la desobediencia civil. Finalmente, el texto fue suavizado, aunque se mantienen las sanciones para quienes “promuevan la estancia de un inmigrante en situación irregular”, refiriéndose a los que han escrito una carta de invitación para traer a un extranjero a España y le dan cobijo en su vivienda al caducar su visado de entrada.
Caza al “sin papeles”
La aprobación de la nueva ley estuvo precedida de una verdadera “caza al inmigrante” como no se había conocido antes, y que, desde entonces, no ha hecho sino aumentar. El año pasado se supo que las comisarías de Policía recibían órdenes de realizar determinados números de detenciones semanales de inmigrantes, incluso con cuotas de nacionalidades. Serigué, un senegalés miembro de la Asociación de Sin Papeles que viven en el  madrileño barrio de Lavapiés, detalla las consecuencias de esta política: “Salir a la calle es un desafío. La policía nos busca en los lugares donde vamos para ganarnos la vida, regularizar nuestra situación o llamar a nuestras familias. A muchos nos han detenido cerca del juzgado y de embajadas. Nos sacan de la cabina del locutorio cuando hablamos por teléfono. Se nos pide que aprendamos español, que vayamos a los juzgados o que tengamos un trabajo. Pero se nos persigue justo allí donde vamos a hacerlo”.
El padre Antonio Freijo comenta indignado que este acoso policial llegó incluso a las puertas del centro Karibu, cuando en septiembre del año pasado la policía detuvo a varios inmigrantes que habían acudido al centro en busca de ayuda humanitaria: “Escribimos a las autoridades protestando, pero los que nos respondieron lo hicieron escurriendo el bulto y diciendo que no estaban al corriente de que ese día se hubieran ordenado redadas a la puerta de nuestro centro. En 20 años que llevo aquí nunca nos había ocurrido nada así”.
Problemas de percepción
Este estrechamiento del cerco al inmigrante sin papeles es la consecuencia del afianzamiento de una mentalidad alimentada por varios mitos sobre la inmigración que han ido creciendo durante las últimas décadas. Mito número uno: los inmigrantes vienen a Europa a quitarnos los puestos de trabajo. Mito número dos: una gran parte de los inmigrantes han venido a delinquir y, por lo tanto, aumentan la inseguridad ciudadana. Número tres: los inmigrantes colapsan los servicios sociales. Cuatro: son demasiados y no cabemos todos. De este modo se les presenta como competidores, rivales y elementos peligrosos. Cuando la opinión pública absorbe esta percepción de los inmigrantes, la gente acaba viendo con buenos ojos que se les aprieten las tuercas. Cualquier intento de reconocerles derechos es visto como una política irresponsable de “papeles para todos”, que a muchos suena como un temible efecto llamada.
 Curiosamente, se silencia otro aspecto importante de la inmigración: la Unión Europea lleva muchos años favoreciendo el éxodo de médicos y enfermeras de países pobres (donde para la mayor parte de los enfermos acudir a un médico es un lujo). A ellos y ellas se pone todo tipo de facilidades para trabajar en países europeos, donde hay una gran demanda de personal sanitario. El obispo de Sigüenza, José Sánchez, presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, lo expresa de una manera muy gráfica: “El criterio de las leyes de extranjería no es la persona humana sino el beneficio económico de los países ricos. Cuando los necesitamos para nuestra economía, se abre la mano; y cuando no, se aprieta el zapato”.
Tal vez para no tener mala conciencia por lo que respecta a las restricciones a los derechos de los inmigrantes, las sociedades europeas han culminado un proceso de criminalización de la inmigración irregular. Como explica el sacerdote José Luis Segovia, profesor de Ética Social de la Universidad Pontificia de Salamanca, esto explica que “quienes han cometido una simple falta administrativa acaben siendo tratados peor que un terrorista peligroso”. Según Segovia, “las cárceles, comparadas con los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) , son un paraíso. La ausencia de derechos y el trato que se les da a los extranjeros distan mucho de lo que merece la dignidad de la persona y es mucho más humillante que el que reciben los presos en un centro penitenciario, que al menos tiene un sistema claro de derechos y deberes y una efectiva supervisión judicial, todavía pendiente de implantarse en el caso de los CIE”.
El trato vejatorio que los inmigrantes reciben en los CIE fue denunciado en noviembre del año pasado por un informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Según el informe, los internos no tienen acceso a asesoría legal, a actividades ocupacionales o lúdicas o a servicios proporcionados por diversas ONG (a las que se tiene prohibida la entrada). En el centro de Aluche ni siquiera se les permite realizar llamadas telefónicas, dando lugar a situaciones en las que hay familias de los detenidos que durante varios días los dan por desaparecidos. En este centro no se les proporciona hojas informativas al ingresar, ni tampoco ropa, sábanas, ni kit de aseo. Y –excepto en el centro de Valencia– tampoco se permite la asistencia religiosa.
Las visitas están seriamente restringidas. En el centro de Aluche, quien quiera ver a un familiar detenido tendrá que registrarse a las once de la mañana y esperar hasta que empiecen las visitas a las cuatro de la tarde, y sin garantías de que podrá entrar. Si finalmente le conceden el acceso, sólo podrá estar cinco minutos con su familiar, y siempre bajo presencia policial (lo que sucede también si alguno se reúne con su abogado). Como señala uno de los pocos sacerdotes que tiene acceso a uno de estos centros, “en muchos casos sus familiares tampoco tienen los papeles en regla y tienen miedo de ir a visitarles por si les detienen también a ellos”.
Peor aún son las “evidencias graves de malos tratos y torturas en los CIE de Madrid y Valencia”. Uno de cada diez detenidos dice haber sido agredido físicamente y muchos más se quejan de haber recibido insultos con connotaciones racistas. Y si uno es víctima de estos abusos poco puede hacer. CEAR revela que no existen formularios de quejas (en el CIE de Valencia) y que los internos no están autorizados a tener lápices o bolígrafos: “Varias personas expresaron que, al parecer, habrían solicitado papel y bolígrafo para formular una queja y, tras entregarla, el mismo funcionario de policía leyó lo escrito, hizo alguna broma y rompió la hoja delante del interno sin darle trámite”, se lee en el informe, que afirma también que “no existe ningún sistema de registro de las peticiones o quejas ni fue posible encontrar dos quejas concretas que se sabía que se habían tramitado por parte de internos”.
 Comentando sobre este informe, el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Luis Pinilla, afirma: “Nos preocupa mucho el impacto de su detención en la vida cotidiana de los allá internados: nulas actividades; ausencia de servicios sociales, culturales; graves limitaciones en lo sanitario; serias limitaciones a las visitas de familiares y al contacto incluso telefónico con el exterior... Incluso cosas básicas y sencillas como mantas para dormir, o jabón para lavarse, son muy insuficientes, según nos comunican distintas organizaciones de voluntariado”. Para Pinilla, “al ser un centro cerrado, el internamiento trunca la vida normal de personas normales que hacían vida normal hasta unas horas antes, donde al lado de profesionales excelentes haya otros de quienes se quejan seriamente los internos. Eso parece como una olla a presión donde se puede rozar la dignidad de los emigrantes”.
Los inmigrantes, a los que en Vic o en cualquier otro lugar de España se les niegue el derecho al empadronamiento y que, cuando caigan enfermos, no tengan posibilidad de ver a un médico, pensarán seguramente que más que rozar su dignidad se la destruye.
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