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El 27 de enero, el líder del derechista Partido Nacional, Porfirio Lobo Rosa, juraba como nuevo presidente de Honduras. Sobre el papel, su triunfo en los comicios del pasado 29 de noviembre fue incontestable: 1,2 millones de personas (el 56% de los electores) depositaron en él su confianza, por apenas 817.000 (38%) que lo hicieron en Elvin E. Santos, ex vicepresidente con Zelaya y candidato del Partido Liberal. Pese a ello, a la hora de redactar estas líneas una parte importante de la comunidad internacional –a comenzar por los países integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y parte de los del MERCOSUR, entre otros– siguen sin reconocer su victoria, al considerar que esas elecciones no fueron legítimas. ¿El motivo? El presidente constitucional, Manuel Zelaya, debería haber sido reinstalado en el poder antes de proceder a esa consulta.  Tendría que haber sido Zelaya, por tanto, una vez restablecida la legalidad violada en junio, el que hubiese cedido la banda presidencial a su sucesor.
En lugar de estar transfiriendo el bastón de mando, Zelaya se preparaba en esa señalada jornada para abandonar la embajada de Brasil en Tegucigalpa, en la que permanecía refugiado desde el pasado 21 de septiembre, y marchar al extranjero. Su destino inmediato, el de su familia y el de sus más cercanos colaboradores, parece que va a ser la República Dominicana. Así se desprende, al menos, del “Acuerdo para la reconstrucción nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras”, firmado por Porfirio Lobo y el presidente dominicano, Leonel Fernández.
Blanco y en botella…
A la hora de analizar lo acaecido en Honduras en los últimos meses hay que empezar por el principio, por el golpe. Y antes de nada, preguntarse si el sonriente presidente del sombrero fue objeto realmente de un golpe de Estado. Habrá quien se sorprenda ante la cuestión, pero hay que formularla así, tal cual, toda vez que quienes actuaron contra él sostienen que, de acuerdo con la Constitución, este ya no desempeñaba la máxima magistratura del Estado en el momento de ser apartado del poder. El artículo 239 de la vigente Carta Magna hondureña, en efecto, dice que “quien proponga la reforma” de ese artículo, “cesa de inmediato en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública”. Y eso es, precisamente, según sus adversarios, lo que había hecho “Mel” Zelaya al propugnar una consulta para que los ciudadanos se pronunciasen sobre si querían, o no, una reforma constitucional. Reforma con la que, dicho sea de paso –insisten sus enemigos– aspiraba a modificar el artículo que le cerraba el paso a la reelección.
Ahora bien, si con la ley en la mano no fue un golpe de Estado, como aseguran algunos, ¿cómo calificar entonces lo ocurrido? ¿Cómo definir la irrupción de las fuerzas armadas en la residencia del presidente y su conducción al exilio?
 “Blanco y en botella, leche”, piensan otros, que se preguntan, perplejos, cómo es que tarda tanto en actuar la justicia contra quienes dieron la orden de expulsar a Zelaya del país, dado que el artículo 102 de esa misma Constitución estipula que “ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero”. A nadie se le escapa que si Zelaya cometió un delito al promover una consulta ilegal, lo correcto, en un Estado de Derecho, habría sido procesarlo, juzgarlo y, en caso de ser declarado culpable, encarcelarlo. Y no secuestrarlo y expulsarlo del país.
La Iglesia hondureña –mejor dicho, su jerarquía– fue una de las muchas instituciones que respaldaron la deposición de Zelaya, razón por la cual desde algunos sectores ha sido tachada de “golpista”. “Cuando fue capturado ya no se desempeñaba como presidente de la nación”, justifica un comunicado de los obispos del 3 de julio, que recuerda también que, dos días antes de la actuación de los militares, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, ya había cursado una orden de arresto contra el mandatario por varios delitos, entre ellos los de “traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones”. Algunas congregaciones religiosas presentes en el país, y en general la Iglesia de base, no lo tienen tan claro.
Unanimidad internacional
El golpe de mano contra Zelaya tampoco fue aceptado en el exterior. La comunidad internacional en pleno –Estados Unidos incluido, al menos inicialmente y de cara al exterior– rechazó de plano lo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, definió como “un golpe a la vieja usanza”. Y la Asamblea General de la ONU exigió, ya el 30 de junio, en una resolución, “la inmediata e incondicional” restitución del “presidente legítimo y constitucional”, al tiempo que instaba a sus 192 miembros a no reconocer a otro Gobierno. Pocas veces en el pasado –hay que insistir en ello– la comunidad internacional ha formulado una condena con la unanimidad con la que lo ha hecho en el caso de Honduras.
 Luego llegó lo ya conocido: los fracasados intentos de Zelaya por regresar al país (el primero, en avión proporcionado por Chávez, el 5 de julio; el segundo, por tierra, una semana después) y, finalmente, su retorno triunfal y posterior refugio en la embajada de Brasil, el 21 de septiembre. Habría que esperar hasta el 30 de octubre para que los delegados de ambos presidentes –el constitucional, Zelaya, y el de facto, Micheletti– firmasen los llamados Acuerdos de Tegucigalpa-San José, en lo que parecía una salida negociada a la crisis. Dichos acuerdos contemplaban la creación de un “Gobierno de reconciliación” antes del 5 de noviembre, Ejecutivo que debería haber presidido Zelaya hasta las elecciones… si el Congreso hubiese aceptado restituirlo en su cargo. Algo que, como era de esperar, no se produjo, toda vez que los diputados rechazaron el 2 de diciembre por abrumadora mayoría (111 votos en contra, 14 a favor y tres ausencias) esa reposición, recordando, de paso, que el ciudadano ex presidente tiene cuentas pendientes con la Justicia, según la Corte Suprema.
Hasta aquí, los hechos. En todos estos meses los medios de comunicación se han hartado de informar sobre las protestas y la resistencia callejera al golpe, así como de la marcha de las negociaciones entre los dos bandos. Pero lo que apenas han hecho las radios y las televisiones es explicar por qué los golpistas actuaron contra un presidente al que le quedaban unos meses en el cargo, y por qué fue su propio partido el que orquestó todo.
El giro de Zelaya
La clave del asunto está en el giro que Zelaya fue dando paulatinamente a su Presidencia hacia la mitad de su mandato. Giro inesperado, por cuando el país pasaba de estar en la órbita de Estados Unidos a alinearse con Cuba y Venezuela. De hecho, fue Zelaya quien introdujo a Honduras en la ALBA en 2008. Y ha sido Micheletti quien, antes de abandonar el poder, ha pedido al Congreso que ratifique su salida de esta comunidad de Estados, cuyos principales miembros son Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Costa Rica.
Esto es lo que realmente se ha estado dilucidando en Honduras a lo largo del último año: si el país seguía con su modelo económico (neoliberal) vigente, o emprendía la aventura del “socialismo del siglo XXI”, hacia la que peligrosamente le estaba encaminando un presidente que, como ha escrito el jesuita Ismael Moreno, director de Radio Progreso, “rompió moldes”; y es que “se enfrentó desde dentro como nadie lo había hecho hasta ahora con grupos de poder, puso en marcha relaciones internacionales con sectores y países con clara línea de izquierda y se puso firme ante el FMI y ante EE UU”.
Pero ¿cómo se enfrentó Zelaya exactamente a esos “grupos de poder” internos? El comunicado difundido por los Dominicos de Centroamérica tras el golpe es esclarecedor al respecto. Con reformas –explican– que causaron un “gran malestar” entre los empresarios, porque atentaban contra sus intereses. ¿Y cuáles fueron esas reformas? En especial, las relacionadas con “la reestructuración de las fórmulas de ganancias de las compañías transnacionales del petróleo, la importación de medicamentos genéricos desde Cuba a precios más cómodos que los ofrecidos por las empresas farmacéuticas nacionales e internacionales, la decisión de elevar el salario mínimo –uno de los más bajos del istmo– de 182 a 291 dólares, y las medidas a favor del ambiente, frente a las compañías mineras”.
“¿A qué Estado?”
La gravísima crisis hondureña, que ha fracturado –¿irremediablemente?– el país, resulta especialmente desconcertante también por el hecho de que Zelaya y Micheletti pertenezcan ambos al mismo partido: el Liberal. ¿Cómo se explica esto? “Los acontecimientos son más inteligibles –afirma un sacerdote consultado por Misioneros– desde una clave de ‘mafia’, con sus repartos de poder e influencias de ‘padrinos’ diversos, que desde una perspectiva de Estado. No hay Estado en Honduras, ni conciencia ciudadana, ni confianza en instituciones, ni instituciones creíbles articuladas y eficaces (…). Si yo escribiera tu artículo, le pondría por título “¿Golpe de Estado en Honduras? ¿A qué Estado?” (…). Cualquier análisis que veas que presenta la situación como un enfrentamiento entre Micheletti y Zelaya, lo puedes considerar como falso. Los dos se asociaron hace dos años para declarar inconstitucional la ley aprobada en la legislatura anterior que prohibía al presidente del Congreso (Micheletti, por aquel entonces) ser candidato a la Presidencia”.
¿Y la Iglesia? ¿Qué pasa con la Iglesia? Institucionalmente, como ya se ha apuntado, no ha salido muy bien parada en todo este asunto, la verdad, pues la opinión pública se ha quedado únicamente con el respaldo que la Conferencia Episcopal dio a las nuevas autoridades. Lo primero que hay que hacer, a la hora de intentar valorar su actuación en el conflicto, es preguntarse si realmente existe una Iglesia hondureña como tal, pues el país es pequeño y el peso de la archidiócesis de la capital, muy grande. De los once obispos que hay, solo cuatro son hondureños: el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Rodríguez Maradiaga, sus dos auxiliares y el obispo de Santa Rosa de Copán, monseñor Santos. El resto proceden de España (dos), Canadá (dos), Estados Unidos (uno), Malta (uno) y Panamá (uno). Para muchos observadores, la Iglesia en Honduras es el cardenal, extraordinaria persona y prelado de gran valía, cuya imagen ha quedado ahora en entredicho. “La Iglesia-cardenal –resume un misionero residente en el país– ha quedado muy desprestigiada y desconcertada. La Iglesia –Conferencia, religiosos, comunidades– ha quedado dividida y más desconcertada”. Con todo, los pronunciamientos episcopales han repetido hasta la saciedad la necesidad de dialogar y de, más allá de intereses particulares o de grupo, buscar el bien común.
 Así las cosas, no lo tiene fácil Porfirio Lobo en los cuatro años de mandato que tiene por delante. Hereda un país roto, dividido y más empobrecido que nunca. Sirva este dato como ilustración: solo un 38% de los hogares hondureños están considerados en las estadísticas como “no pobres”, y eso porque ya pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación y otros servicios. Honduras tiene, además, una tasa de mortalidad infantil del 23 por mil, uno de los mayores porcentajes de niños desnutridos de toda la región y la tercera parte de todos los enfermos de VIH-SIDA de Centroamérica. Eso, por no hablar de la violencia e impunidad reinantes. Una de las fuentes consultadas por Misioneros para la elaboración de este artículo se demoró en su respuesta. “Perdona, pero el lunes me atracaron a punta de pistola y me llevaron el ‘carro’, el móvil y algo de paz”, se excusaba, para explicar a continuación que era la segunda vez que le asaltaban y que no debe de haber ni un solo cura, monja o agente de pastoral que no haya sufrido los efectos de la violencia.
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