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Ruanda y Burundi se parecen en muchas cosas. Ambos países de África central tienen una orografía muy similar, formada por colinas; la misma población (unos nueve millones de habitantes); y la misma composición étnica: un 85% de hutus y entre un 13% y un 15% de tutsis, más una minoría de pigmeos twa que apenas llega al 1%. Los dos fueron colonias de Bélgica, la cual afianzó la relación de dominio por parte de la minoría aristocrática tutsi. Desde el momento de su independencia, en 1962, las tensiones étnicas –y en algunos casos los poderosos intereses económicos foráneos– alimentaron una sucesión de conflictos que concluyeron en Burundi con varios acuerdos de paz entre 2003 y 2009, y que, en el caso de Ruanda, se mantienen sofocados bajo una férrea dictadura.
Si hablamos de diferencias, quizás la más notable es la manera como han querido resolver sus problemas durante los últimos años. En Burundi se llegó a la paz tras varios años de negociación, en los que se reconoció que existía un problema étnico. En la nueva Constitución de 2005 se establecieron cuotas de reparto de los escaños parlamentarios entre las tres etnias, y el año pasado se decidió que el Ejército –tradicionalmente dominado por los tutsis– estuviera formado a partes iguales por las dos etnias mayoritarias. Incluso se llegó a poner a un hutu como comandante en jefe de los militares, algo impensable hasta entonces.
Burundi está aún muy lejos de ser una democracia acrisolada, pero por lo menos el problema étnico parece estar menos vivo que en la pasada década. De hecho, los principales partidos de la oposición –el FRODEBU y el Frente Nacional de Liberación– son de mayoría hutu, como también lo es el partido en el poder, el CNDD (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia), formado por antiguos rebeldes. Su “memoria histórica” también parece algo saneada. Por lo menos, viajando por el país se pueden ver memoriales dedicados a los asesinados por ambas partes, y llama la atención la presencia de grandes carteles en los que se representa a un soldado y un rebelde que han tirado sus fusiles al suelo y se aproximan para abrazarse.
En Ruanda el panorama es completamente diverso. Para empezar, no se pueden mencionar en público las palabras “hutu” y “tutsi”; los únicos memoriales que existen son los dedicados a los asesinados durante el genocidio de 1994; y cualquiera que se atreva a decir que el Frente Patriótico –en el poder desde ese año– también mató a miles de hutus es tachado de revisionista y puede ser encarcelado por “negación del genocidio”, un sambenito que en la práctica se cuelga a cualquiera que critique al Gobierno de Paul Kagame.
Elecciones en Burundi
 El pasado 28 de junio tuvieron lugar elecciones presidenciales en Burundi, un hecho que debía ser la culminación de un proceso de paz y democratización. El resultado se sabía ya antes de acudir a las urnas, puesto que había solo un candidato: el presidente Pierre Nkurunziza. Sus oponentes decidieron retirarse un mes antes, cuando, tras las elecciones a los Consejos Locales, acusaron al partido en el poder de haber cometido fraude y pidieron a sus seguidores que boicotearan la jornada electoral. De hecho, la participación fue muy baja. No fue este el único hecho preocupante: durante la campaña hubo varios ataques con granadas –no reivindicados por ningún grupo– en los que murieron seis personas y más de 60 resultaron heridas, y, pocos días antes de la elección, el principal político opositor, Agathon Rwasa, desapareció del país y, aunque su partido insistió en que estaba “de vacaciones”, muchos señalaron que huyó a la República Democrática del Congo. Rwasa es el líder del Frente de Liberación Nacional, un grupo rebelde radical formado por hutus que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2003, y que finalmente entregó las armas en 2009 y se transformó en partido político.
La historia reciente de Burundi ha estado marcada por una sucesión de regímenes militares, masacres interétnicas y guerras civiles. Como en el caso de la vecina Ruanda, el antagonismo hutu-tutsi fue un factor decisivo en este conflicto. Pero, si Ruanda llegó a la independencia con los hutus en el poder, en el caso de Burundi fue la minoría tutsi (particularmente del clan Hima de Bururi, en el sur) quien se hizo con el Gobierno, con una presencia descaradamente mayoritaria en el Ejército, institución en la que siempre residió el verdadero poder de Burundi. A finales de abril de 1972, un ataque hutu a una localidad del sur del país sirvió de excusa para desatar una cruel represalia por parte de los militares. Soldados y milicianos de UPRONA (el partido político asociado a la minoría tutsi) llevaron a cabo un barrido sistemático por aldeas y escuelas y ejecutaron al menos a 200.000 hutus durante un período de unos tres meses. La misma Iglesia no se libró del antagonismo hutu-tutsi y, en un episodio vergonzoso, el obispo de Bujumbura, de etnia tutsi, entregó a los militares una lista en la que figuraban los nombres de algunos de los sacerdotes hutus de su diócesis, que fueron pasados por las armas. Ni la Unión Africana, ni el cuerpo diplomático, ni Naciones Unidas expresaron la más mínima protesta por aquellos sangrientos sucesos, a los que los burundeses, que parecen bastante aficionados a los eufemismos, todavía hoy denominan “los acontecimientos”.
A finales de los años 80, tras la caída del Muro de Berlín, Burundi –como la mayoría de los países africanos– emprendió una transición del régimen de partido único al pluripartidismo. Bajo la presión de Francia, en junio de 1993 celebró sus primeras elecciones democráticas, en las que el entonces presidente, el militar tutsi Pierre Buyoya –del partido UPRONA–, perdió ante el candidato del FRODEBU, Melchior Ndadaye, un hutu. Pero, en octubre de ese mismo año, el ejército secuestró a Ndadaye y le asesinó en circunstancias atroces en un cuartel militar, marcando el comienzo de una larga guerra civil en Burundi. Con el país sumido en el caos, Pierre Buyoya derrocó al entonces presidente Silvestre Ntibantunganya. A pesar del ambiguo papel que siempre desempeñó en el seno del ejército, Buyoya tuvo por lo menos el buen sentido de darse cuenta de que la guerra –que se cobró300.000 muertos– solo podía terminar con una negociación pacífica entre todas las partes.
Nelson Mandela, junto con el presidente ugandés Yoweri Museveni, intentaron encontrar una solución al complicado conflicto burundés. Los dos movimientos rebeldes principales acudieron a la mesa de negociaciones: las Fuerzas de Defensa de la Democracia (FDD) y el más radical Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL). En 2005 se aprobó en referéndum una nueva Constitución. En junio de ese año se celebraron elecciones pluripartidistas, que fueron ganadas por el líder de las FDD, Pierre Nkurunziza, que rebautizó su movimiento como Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD). Desde entonces el país ha conocido una estabilidad nunca vista antes en su turbulenta historia. “Burundi tiene un récord poco habitual para un país africano”, señala el responsable de OXFAM en el país, Charles Miginareza. “Tiene cinco antiguos presidentes que viven en el país y participan activamente en la política como senadores vitalicios”.
Pero el Gobierno de Nkurunziza ha mostrado poco interés en llevar a la práctica puntos muy importantes del  Acuerdo de Paz de 2005. Ni la Comisión de Verdad y Reconciliación ni el Tribunal Especial para juzgar crímenes de guerra llegaron nunca a ponerse en marcha. Los políticos de la oposición –sobre todo los del FRODEBU– acusan al Gobierno de tener miedo a que salgan a la luz crímenes horribles perpetrados por el FNL durante la guerra. Y, en muchos casos, Nkurunziza se ha movido por derroteros populistas, tomando medidas como la prestación médica gratuita a las mujeres embarazadas y a los niños menores de cinco años, sin tener el dinero para pagar estos servicios. El antiguo ministro de Buyoya, Eugene Nindorera, piensa que “el partido en el poder ha jugado la carta étnica, diciendo a la gente: ‘votadnos a nosotros, que somos hutus’; pero, cuando se gobierna, hace falta algo más que pertenecer a una etnia determinada”. Nindorera, que participó en las conversaciones de paz que pusieron fin a la guerra, está convencido de que “durante las negociaciones se firmaron muchas cosas por no disgustar a Mandela, pero el paso del tiempo ha demostrado después que se trataba de acuerdos poco realistas”. Nkurunziza tiene ahora ante sí un nuevo mandato de cinco años y multitud de interrogantes sobre si podrá gobernar un país en el que la oposición ha roto todos los vínculos con él.
Ruanda: todo el poder para Kagame
Tampoco en la vecina Ruanda el panorama político se presenta libre de turbulencias. Los hechos acaecidos durante el presente año indican que el presidente Paul Kagame está dispuesto a todo con tal de obtener un segundo mandato de siete años en las elecciones presidenciales del próximo 9 de agosto, que seguramente ganará con comodidad, al no tener competidores fuertes. Su Gobierno hizo todo lo posible para asegurarse que el principal partido de la oposición, las Fuerzas Democráticas Unidas, no pudiera registrarse en la Comisión Electoral. Cuando su líder, Victoire Ingabire, regresó a Ruanda en enero de este año, después de 16 años de exilio en Holanda, puso el dedo en la llaga, al destapar un tema que resulta tabú para el régimen de Kigali: el asesinato de miles de hutus antes, durante y después del genocidio de 1994 contra los tutsis.
Cuando Ingabire acudió en febrero a presentar la documentación para registrar su partido, fue atacada por un nutrido grupo de personas, que dejaron a su chófer medio muerto. Ella escapó por los pelos, pero poco después fue detenida. Durante estos últimos meses ha estado en libertad bajo fianza y está siendo procesada por cargos de “negación del genocidio” y colaboración con grupos terroristas. La presión contra ella ha llegado a tal extremo que incluso su abogado –de nacionalidad estadounidense– fue detenido durante su estancia en Ruanda. Asimismo, más de cien miembros de las Fuerzas Democráticas Unidas fueron detenidos cuando se manifestaban pacíficamente en Kigali. El miedo se palpa en el ambiente, en un país que tiene uno de los sistemas de inteligencia militar más sofisticados de toda África.
 El Gobierno de Kagame atacó también a otra de las voces más críticas cuando en abril de este año suspendió el periódico Umuvugizi. Su director huyó a Sudáfrica, desde donde ha continuado editando esta publicación en Internet (cuyo acceso en Ruanda está bloqueado). El pasado 25 de junio, su director en funciones, Jean Leonard Rugambage, fue asesinado a tiros a la puerta de su casa. A los dos días, la policía practicó dos detenciones y dijo que el atentado había sido obra de un familiar de personas asesinadas por Rugambage durante el genocidio del 94. Pero el director de Umuvigizi, Jean Bosco Gasasira –como se ha dicho antes, exiliado en Sudáfrica– declaró estar seguro al cien por cien de que “fueron los servicios de seguridad nacional los que le dispararon”.
También en el seno de su propio ejército, Kagame se ha enfrentado a serios problemas. En febrero de este año, el teniente general Kayumba Nyamwasa –quien hace pocos años fue nombrado embajador en India, en un intento de alejarle del país– se exilió en Sudáfrica junto con otro oficial de alta graduación del ejército ruandés, y en abril otros dos generales fueron puestos en arresto domiciliario. Uno de ellos es Karenzi Karake, jefe del contingente ruandés en la fuerza multinacional de paz en Darfur. Kagame, a quien Kayumba acusó repetidas veces de estar enriqueciéndose con el dinero del Estado, se refirió a su antiguo hombre de confianza como un “traidor” y “una mosca a la que machacaremos con un martillo”. Poco sorprendió que, a primeros de junio, Kayumba fuera herido de gravedad en un atentado a las puertas de su residencia, en uno de los barrios más lujosos de Johannesburgo. Su mujer no perdió el tiempo en acusar a los servicios secretos de Kagame de estar detrás del intento de asesinato de su esposo.
Kayumba fue la mano derecha del hombre fuerte ruandés desde los años 80, cuando ambos combatieron –junto con miles de exiliados tutsis en Uganda– en la guerrilla del actual presidente ugandés Yoweri Museveni. Tras conquistar Museveni el poder, Kagame y Kayumba trabajaron en la inteligencia militar hasta que, en 1990, los tutsis que estaban en el ejército ugandés desertaron del mismo para formar el Frente Patriótico de Ruanda, que lanzó sus primeros ataques contra las autoridades ruandesas en octubre de 1990. Sobre Kayumba pesa una orden de detención internacional, por parte del juez español Francisco Andreu, por haber organizado, entre muchos otros crímenes de guerra, el asesinato del misionero español Joaquim Vallmajó en 1994 y el de tres cooperantes españoles tres años después, cuando trabajaban en Ruhengeri y se convirtieron en testigos incómodos de las atrocidades del ejército ruandés contra la población hutu.
 Desde que el Frente Patriótico tomó el poder en 1994, ha afianzado su despotismo en el uso del genocidio como ideología. Miles de opositores o de personas de etnia hutu sospechosas, por cualquier motivo, de haber participado en las matanzas de ese año han sido asesinadas dentro y fuera del país, especialmente en la vecina República Democrática del Congo, que Ruanda invadió, primero, en 1996 para terminar con los campos de refugiados en Goma y Bukavu, y, después, en 1998. Desde entonces, Ruanda ha utilizado su poderío militar para enriquecerse con los recursos minerales del este de la R. D. del Congo; especialmente, el oro, la casiterita y el codiciado coltán, indispensable en la tecnología electrónica de última generación. Ruanda ha entrenado y armado también a milicias congoleñas afines, que han cometido crímenes contra la humanidad en el este del país, particularmente el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, del general Laurent Nkunda. Pero lo que sorprende más de todo esto es el hecho de que el régimen de Kagame ha podido hacer todo esto gracias al apoyo explícito de potencias occidentales como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, las cuales han entrenado a su ejército, sostenido a su Ejecutivo con ayudas económicas y dado reconocimiento internacional a Kagame, incluso con galardones por sus supuestos méritos en los campos de la democracia y el buen gobierno. Pero, durante los últimos años, el talante dictatorial de Kagame ha ido demasiado lejos, y sus valedores han empezado a preocuparse. Las presiones occidentales hicieron que el dictador ruandés cambiara de estrategia en su apoyo a Nkunda, el cual fue detenido en enero de 2009 y puesto bajo custodia en Ruanda. También durante los últimos meses Estados Unidos ha expresado su preocupación por el acoso que ha sufrido la oposición en el país.
Sin rivales a los que hacer frente, todo parece indicar que Kagame volverá a vencer en las elecciones de agosto. En 2003 ganó por un 95% de los votos. Otra cuestión es cuánto tiempo podrá durar una situación así, en la que una minoría domina gracias al miedo, y cualquiera que se atreva a cuestionar al régimen de Kigali es acosado, acusado de genocida, encarcelado o incluso eliminado físicamente. El Gobierno de Ruanda se asienta sobre unas bases cada vez más inseguras y el futuro parece bastante turbio. Para los ruandeses, que han sufrido una sangrienta historia de sobresaltos, sin duda sería mejor una transición pacífica hacia una democracia, que adentrarse de nuevo por un túnel incierto de odio y venganza.
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