VENEZUELA, EN CAÍDA LIBRE

   

Protestas diarias de la oposición, contramanifestaciones del Gobierno, represión, gases lacrimógenos, detenciones, muertos, heridos... Este es el día a día en Venezuela desde que, a finales de marzo, el presidente Maduro quiso instaurar la dictadura dejando legalmente sin competencias a la Asamblea Nacional, el único poder del Estado controlado por la oposición. El régimen ha vuelto a la carga convocando una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

 

Por José Ignacio Rivarés

 

 

Venezuela se desangra día a día. Y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro se muestra incapaz de contener la hemorragia. Hemorragia en forma de delincuencia común e impunidad (solo el pasado mes de enero se registraron más de 2.500 muertes violentas), de inflación desbocada (la mayor del mundo, con una previsión del FMI para este año del 720%), y de desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“La escasez es enorme. Falta de todo. El Gobierno dice que se debe a que hay un acaparamiento por parte de la derecha, por parte de gente sin alma, lo cual no es cierto”, decía el pasado mes de marzo, en una entrevista concedida al portal Religión Digital, el cardenal Baltazar Porras Cardoso, arzobispo de Mérida. El purpurado añadía a continuación: “La inmensa mayoría de la población ha bajado de peso [...] porque no hay qué comer, y lo que hay no aporta las proteínas necesarias. [...] Hay padres y madres de familia que hacen una sola comida al día, para que los hijos puedan comer un poco más”.

La nueva oleada de protestas contra el régimen chavista –las hubo también nada más llegar Maduro al poder en abril de 2013, con 11 muertos, y en febrero-mayo de 2014, con otros 43– se desencadenó después de que el 30 de marzo el régimen diera un paso más en su deriva autoritaria y, a través del Tribunal Supremo por él controlado, decretara la asunción de las competencias de la Asamblea Nacional, en la que, por primera vez desde 1999, la oposición tiene mayoría. Un golpe de mano en toda regla. Una vulneración de la soberanía popular y un atentado contra los más elementales principios de la democracia. Acusándola de “desacato” a sus pronunciamientos, la instancia judicial se apropió de las competencias legislativas de la Cámara. ¿En qué democracia que se precie se ha visto nunca que los responsables de hacer las leyes pasen a ser siete magistrados nombrados a dedo, y no los representantes elegidos en sufragio por el pueblo? Pues eso era lo que pretendía el régimen. Y sin rubor alguno.

Presionado desde dentro y fuera del país, a Maduro no le quedó otra que dar marcha atrás en semejante disparate. Y esta muestra de debilidad envalentonó a la oposición, que inició una nueva tanda de marchas y protestas para tratar de acabar de una vez por todas con el chavismo, su último objetivo. Sus reivindicaciones eran muy claras: respeto a la autonomía del Parlamento; libertad para los presos políticos; apertura de un canal humanitario que permita hacer llegar alimentos y medicinas al pueblo necesitado; y, por supuesto, la concreción de un calendario electoral.

Sobre esta última exigencia, Maduro dijo el domingo 23 de abril, en plena ola de protestas, que quería elecciones “ya”. Comenzó a especularse con la posibilidad de que la Comisión Electoral pudiera convocar los comicios locales y regionales que deberían haber tenido lugar en otoño pasado. Pero eso era todo: rumores. Y del adelanto de las generales y presidenciales que reclamaban los opositores, nada de nada. “Bajo ninguna circunstancia habrá elecciones generales”, advertía a finales de abril el ex vicepresidente Diosdado Cabello. Y si el organismo competente las convocara, añadió, “iríamos nosotros solos, porque ellos no tienen partido”. El hoy primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (el del oficialismo) aludía a las sanciones que pesan sobre los dirigentes opositores Henrique Capriles –inhabilitado por 15 años– y Leopoldo López –que cumple 14 de condena por incitación a las protestas de 2014–. De cumplirse el calendario, algo que está por ver, las presidenciales deberían celebrarse a finales de 2018.

Así estaban las cosas hasta que, el 1 de mayo, el presidente Maduro anunció la convocatoria de una Asamblea Constituyente “popular y comunal”, cuyos 500 miembros –elegidos, por supuesto, por el oficialismo– deberán redactar una nueva Constitución o reformar la actual. La oposición ha calificado la iniciativa de “fraude” y ha llamado al pueblo a la desobediencia civil. Según la actual carta magna bolivariana, de 1999, tanto el presidente, como la Asamblea Nacional (con el respaldo de dos tercios de sus miembros), los cabildos municipales (también con dos tercios) y el 15% de los electores están facultados para convocar una Asamblea Constituyente que transforme el ordenamiento vigente, pero previamente debe haber un referéndum, algo que Maduro se ha saltado.

Hasta el momento de redactar estas líneas, las protestas en las calles habían dejado más de 35 muertos, decenas de heridos y más de un millar de detenidos, con lo que los presos por motivos políticos se acercaban ya a los 200. Para ser justos, no todos los fallecidos los han causado las fuerzas del orden y los “colectivos”, grupos paramilitares de apoyo al régimen que campan a sus anchas sembrando impunemente el terror. Pese a los continuos llamamientos a que las marchas sean pacíficas, en los desórdenes generados en ellas han muerto y resultado heridos también algunos policías y manifestantes pro-chavistas. En su último informe sobre Venezuela, de reciente aparición, Amnistía Internacional denunció las detenciones sin orden judicial que se están    realizando, así como las arbitrariedades policiales asociadas a la crítica, la disidencia y la oposición a las políticas gubernamentales.

 

Fracaso del diálogo

La Iglesia venezolana se ha mostrado siempre muy crítica con el régimen. Solo hay que echar una ojeada a los comunicados y documentos con los que ha tratado de orientar la conciencia de los católicos en estos últimos 20 años. Han sido siempre pronunciamientos duros y contundentes, sin la más mínima concesión al Gobierno y a los logros que este haya podido lograr antaño –en educación, vivienda, sanidad...– para mejorar la suerte de los más desfavorecidos y olvidados de la sociedad, víctimas de décadas de políticas neoliberales. El Episcopado denunció también, muy acertadamente, que el país se encaminaba peligrosamente hacia esta especie de “dictadura constitucional” –cada vez más dictadura y menos constitucional, como puede verse– en que ha devenido Venezuela, con el Gobierno adoctrinando en las escuelas e imponiendo a todos su “revolución bolivariana”. Los obispos siempre defendieron el derecho de la gente a expresar su descontento en las calles, en protestas y manifestaciones que debían ser pacíficas. Siempre instaron a la búsqueda de soluciones políticas y dialogadas que hicieran posible la convivencia. Siempre trabajaron, en definitiva, por desterrar el “frentismo” de la vida pública y por tratar de reconciliar a las dos Venezuelas.

Pero, obviamente, no han tenido éxito. Todos sus esfuerzos han resultado inútiles hasta la fecha, a causa de la cerrazón del régimen, que, visto lo visto, sigue considerando a la Iglesia “uno de los tumores de la revolución”, como la calificó Chávez en 2002. Tampoco ha logrado nada hasta ahora la mediación internacional de la Santa Sede. Después de una fugaz visita privada del presidente Maduro al papa Francisco el 24 de octubre pasado, Roma aceptó ejercer como “facilitadora del diálogo”, siempre y cuando se lo solicitaran ambas partes, como así fue. Dos diplomáticos de bandera –el suizo Emil Paul Tcherrig, nuncio en Argentina, y el italiano Claudio María Celli, ex presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales– encabezaron junto al nuncio en Venezuela, Aldo Giordano, la delegación eclesial encargada de tender puentes entre ambas partes. Pues bien: en enero, la Iglesia venezolana, “en comunión con el Santo Padre”, informó de que la iniciativa había fracasado a causa de la inflexibilidad del Gobierno, y de que, para que el diálogo pudiera continuar, se tenían que cumplir antes cuatro condiciones: el alivio de la crisis de abastecimiento de comida y medicinas, la fijación del calendario electoral, la restitución del papel que le corresponde a la Asamblea Nacional y la liberación de los detenidos por motivos políticos.

Por supuesto, ninguna de ellas ha sido satisfecha. El 30 de abril, al regreso de su viaje de Egipto, se preguntó al Santo Padre por una hipotética “nueva intervención” mediadora. Francisco dejó claro que, en caso de producirse –y “todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo”, dijo–, esta debería llevarse a cabo bajo “condiciones muy claras” y “con las garantías necesarias”.

No parece posible, tal y como están las cosas. El régimen se ha encastillado y no está dispuesto a hacer la más mínima concesión a esa “derecha de las manos blancas” que, según el citado Cabello, no hace más que incitar “a la violencia y al terrorismo”. Y lo propio ha hecho la oposición, harta de ver cómo sus iniciativas pacíficas y democráticas (como la recogida de firmas para revocar el mandato presidencial) no conducen a nada. Los Capriles, Tintori, Machado y compañía no están dispuestos a esperar más: parecen haber llegado a la conclusión de que por la vía del diálogo no hay nada que hacer y de que la única manera de llegar al poder es a través de la calle, con lo que ello implica. “Parte de la oposición –reconoció el Papa– no quiere esto [el diálogo]. La misma oposición está dividida”.

¿Hay en Venezuela riesgo de guerra civil?, se le preguntó al cardenal Porras en marzo. El purpurado no se anduvo por las ramas en la respuesta: “De guerra civil, no. Porque para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos que estén armados. Y aquí solo hay uno y es el que tiene todas las armas”. Sobran los comentarios.

 

Un paso más

Así las cosas, el 31 de marzo, al día siguiente del “autogolpe” chavista que suprimía las competencias de la Asamblea Nacional, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) instó a los ciudadanos a movilizarse y a actuar, “porque frente al mal –escribía su presidente, monseñor Diego Padrón, en un nuevo comunicado– nadie puede permanecer como espectador”. Como otros anteriores, el pronunciamiento eclesial denunciaba “la incapacidad” del Gobierno “para dar una solución a la escasez y carestía de alimentos y medicinas” y a “la creciente violencia”. La novedad en esta ocasión, sin embargo, era que, junto a las protestas pacíficas –un derecho de los ciudadanos, se insistía–, los obispos planteaban también el recurso a “la desobediencia civil” para combatir al régimen. “No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados. Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás”, se decía en esa declaración.

Treinta días de manifestaciones y otros tantos muertos después, nada había cambiado. En este tiempo, eso sí, habían vuelto a repetirse preocupantes episodios de hostigamiento eclesial. Así, el cardenal Urosa, uno de los pastores más combativos del chavismo, vio cómo un grupo organizado de chavistas saboteaba la eucaristía que presidió el 12 de abril, ante unas 2.000 personas, en la basílica de Santa Teresa de Caracas, y hubo de ser protegido por los propios fieles de un intento de agresión. Una práctica que ya se había registrado en el pasado en otras ciudades, y que no es espontánea. Recuérdese, también, a los cuatro seminaristas que en julio pasado fueron desnudados, golpeados, amenazados y robados por los matones del régimen con la más absoluta impunidad.

Los religiosos también han hecho oír su voz crítica estos días. La CONVER, el organismo que los agrupa, emitió el 4 de abril una nota en la que se afirmaba: “Denunciamos la indolencia del Gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en el poder, sin importarle el precio ni las consecuencias de desoír la voz del pueblo que clama por atención, comida, medicinas, seguridad, educación y una sana convivencia en paz”. En honor a la verdad, hay que decir que entre ellos ha habido también algunas voces críticas con la jerarquía. Es el caso, por ejemplo, del jesuita Numa Molina, que ha creído conveniente recordar a los obispos que la mayoría de los chavistas son católicos que pertenecen a los extractos más humildes de la sociedad y que son “los que se han visto más beneficiados con la Revolución”.

En cualquier caso, un hecho está claro: la Iglesia es hoy la única institución que no está controlada por el chavismo. La Presidencia de la República, el Tribunal Supremo, la Comisión Electoral, el Ejército y la mayoría de los medios de comunicación están en manos bolivarianas, al igual que la Fiscalía de la República, si bien la máxima responsable de esta institución, Luisa Ortega, se ha distanciado últimamente de Maduro después de denunciar “la ruptura del orden constitucional” y está ya en entredicho. La pregunta, por tanto, se impone: ¿puede alguien seguir llamando “democracia” a este sistema político?

El último pronunciamiento del Episcopado a la hora de escribir este artículo llevaba fecha del 5 de mayo. Se trata de un breve comunicado en el cual se denuncia que, con la Asamblea Constituyente, el Gobierno solo aspira a prolongar su permanencia en el poder. “Actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz”, dice la Presidencia de la CEV. Y todo ello se conseguiría –añade– si el Gobierno cumpliera la vigente carta magna, y no se empeñara en querer imponer el “socialismo del siglo XXI”, un “sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor, que ha originado los males que hoy padece nuestro país”.

A día de hoy, el futuro no puede ser más incierto y descorazonador. ¿Llegará a haber algún día elecciones libres, o se convertirá definitivamente Venezuela en otra Cuba, en otro país de partido único? ¿Llegará a haber una intervención internacional? Y si es así, ¿acabará el régimen armando a la población, como amenaza con hacer cada dos por tres? No, el panorama no pinta nada bien.

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