PUEBLOS INDÍGENAS


CENTINELAS DE LA CASA COMÚN

 

   
"Sumak kawasay". Esta expresión quechua, que se traduce como "buen vivir", refleja algo más que una apuesta por un desarrollo sostenible de las comunidades indígenas. Recoge también la lucha por la dignidad de las más de 5.000 comunidades nativas de nuestro planeta que en el día a día ven amenazadas su cultura y sus tierras por poderes públicos y privados. Cuando se cumplen 10 años de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y con el revulsivo de Laudato si’, la Iglesia trabaja mano a mano con ellos para reivindicar su dignidad desde una mirada evangélica y misionera.

Por José Beltrán

 

 

Los últimos días del mes de junio un centenar de campesinos de comunidades indígenas y afrodescendientes se encerraban en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio colombiano de Jamundí. ¿El motivo? Frenar un proyecto para construir 10.000 viviendas que arrasaría 4.000 hectáreas de territorios rurales ancestrales que, según la ley de protección de estos pueblos, les pertenecen. Sin embargo, un nuevo plan de ordenamiento territorial busca tipificar el espacio como territorio urbano, lo que acabaría con su expulsión. Esta movilización, que no ha trascendido más allá de la región, lamentablemente no es un caso aislado. Las amenazas a los pueblos indígenas son constantes. En ocasiones, de forma velada. En otros momentos, con ataques directos a su integridad física. Por eso, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se convoca cada 9 de agosto, más que una jornada de celebración, lo es de reivindicación.

La ONU reconoce la existencia hoy de 5.000 grupos indígenas en el planeta, a los que pertenecen 370 millones de personas que viven en más de 70 países de los cinco continentes. Una minoría más que significativa y más que hostigada. Tanto es así que, el 17 de septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaba la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el instrumento para reconocer y promover unos estándares mínimos para su supervivencia, dignidad y bienestar. Han pasado 10 años y, aunque en el proceso de sensibilización de la opinión pública se han dado grandes avances, lo cierto es que, según denuncia el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, “continúan enfrentando situaciones de exclusión y marginalización, así como también grandes obstáculos a la hora de gozar de sus derechos básicos”.

“Se trata de una de las declaraciones de Naciones Unidas que más impacto han logrado –independientemente de que por su naturaleza no sea vinculante–, porque responde a las reivindicaciones formuladas por los propios pueblos. Poco a poco se está logrando implementar, que se haga realidad y que no se quede en el papel”, subraya Felipe Gómez Isa, director del Máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad de Deusto.

“Los grandes retos ahora son Asia y África”, reflexiona, sabedor de que solo dos países de los mencionados continentes han suscrito el documento: Nepal y República Centroafricana. En el caso del gigante asiático, bajo la mirada de este investigador especializado en Derecho Internacional, el vacío es aún mayor en cuanto que no hay organismo regional alguno que pueda coordinar acciones concretas. “Sin embargo, en los países africanos, aunque fueron resistentes al principio, tanto la Comisión Africana como la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también están fundamentándose en ella”. Prueba de esto es la sentencia inédita de este tribunal que el pasado mes de mayo dio la razón a la comunidad ogiek, una tribu de cazadores y recolectores de los bosques de Kenia, para permanecer en sus tierras frente al intento de desalojo del Gobierno.

Para el experto, este hito, sin embargo, convive con un problema de definición: “La Declaración, en su mayor parte, se hizo con una visión latinoamericana. De hecho, desde una mirada africana, se considera que allí no hay colectivos concretos indígenas, en cuanto que todos se consideran indígenas, por lo que poco a poco la Comisión Africana de Derechos Humanos está delimitando el perfil”.

No hay que olvidar tampoco que el continente negro todavía paga las consecuencias de la descolonización, de una demarcación territorial establecida sin consideración alguna respecto de los pueblos, comunidades y grupos presentes en cada territorio; un polvorín que constituyó Estados con etnias sin relación de identidad histórica y social. Hoy, no resulta complicado rastrear el mapa de África para certificar en qué ha devenido esta vulnerabilidad que arrastran desde hace décadas: desplazamientos forzosos; reasentamientos obligados; pérdida de tierras; alta mortalidad; déficit de salud, nutrición y educación; precariedad en el empleo...

 

El salto de América Latina

Pero, sin duda, es en América Latina donde esta Declaración se ha hecho más viva; por ejemplo, con reformas constitucionales que reconocen ya hoy la identidad de las comunidades nativas. Es el caso de Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. En este sentido, el documento más reciente es la Constitución de la Ciudad de México, aprobada el pasado enero y que reconoce la idiosincrasia de ese 8,8% de la población de la metrópoli, así como de las 55 lenguas que les identifican. En África la respuesta ha sido más tímida, como ha ocurrido en Kenia o República Democrática del Congo; mientras que en Oceanía, tanto Australia como Nueva Zelanda ya están estudiando la fórmula legal de proteger a los pueblos indígenas. Todas toman como punto de partida la norma pionera aprobada en Filipinas en 1997.

Esta visibilidad latinoamericana se hace posible con una mayor participación política y social; un paso hacia adelante para ser actores en instituciones locales o nacionales que hacen más factibles que sus demandas se conviertan en realidad, como así se ha puesto de manifiesto a través de partidos que han logrado representación significativa en Bolivia y Ecuador. Que Evo Morales se convirtiera en 2005 en el primer presidente indígena de América Latina o que María de Jesús Patricio Martínez sea la primera mujer indígena que aspira a presidir México en las elecciones de 2018 dan muestras del salto cualitativo y cuantitativo.

A este marco legal se suma también la jurisprudencia, fruto de una larga lucha en los tribunales, con casos significativos como los mopán en Belice, los quechua en Ecuador o el pueblo endorois en Kenia. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. De ahí que todos los analistas coincidan en señalar la urgencia de que se respete sin requiebros el derecho a la consulta de las comunidades a la hora de decidir a qué dedicar su territorio. Aunque la Declaración de la ONU marcó un antes y un después en la armonización y creación de un marco jurídico internacional y nacional que obliga a los Estados a dialogar con los pueblos y a actuar según su voluntad, la realidad es que las presiones para que sucumban a los planteamientos desarrollistas en muchos casos rompen con las reglas del juego. Ahí radica la principal preocupación de la relatora especial de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz: “Proteger el derecho a una autodeterminación que les permita definir libremente su estatus político y desarrollo socioeconómico y cultural”.

Por su parte, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, lamenta que la llamada “década de oro” de la región, que ha permitido que 70 millones de personas salieran de la pobreza, no haya repercutido por igual en toda la población. “En entornos urbanos, por ejemplo, los hogares indígenas suelen vivir en condiciones más inseguras, insalubres y propensas a desastres naturales que otros residentes”, asegura Familiar, deteniéndose en un informe reciente elaborado por su institución, según el cual la probabilidad de que los nativos vivan en condiciones de pobreza extrema es 2,7 veces mayor que en el caso de la población no indígena. Es más, la pobreza afecta al 43% de los hogares indígenas de América Latina.

“Los pueblos indígenas son cada vez más violados, más explotados, más excluidos”, alerta Álvaro Pop, el que fuera presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. En la medida en que se les obliga a abandonar sus tierras, se produce una emigración a la ciudad, con el consiguiente desarraigo y todo lo que se desprende de él, especialmente, perpetuarse en una situación de exclusión y pobreza de la que resulta harto complicado salir. 

 

Los derechos se pagan caros

La familia Campos, en la isla asiática de Mindanao, sabe bien cómo se paga la defensa de estos derechos. Padre y abuelo fueron ejecutados públicamente por defender su tierra frente a la minería; una explotación que llevó a los 3.000 habitantes del pueblo lumad a abandonar sus hogares en este paraíso del Pacífico rico en níquel, oro y carbón, donde muchos tienen la mirada puesta, y que propició que, solamente allí, se dieran 25 asesinatos en 2015. Según datos de la ONG Global Witness, en ese mismo año hasta 185 defensores de los derechos fundamentales de la tierra y del medio ambiente resultaron asesinados; el 40% de ellos eran indígenas, siendo Brasil el país en el que más ataques se han registrado.

En algunos casos se ha empezado a hablar de «mártires de Laudato si’» para referirse a aquellos misioneros y líderes locales a quienes les ha costado la vida plantar cara a Gobiernos y empresas por defender el derecho a la tierra. Es el caso de Berta Cáceres, asesinada hace algo más de un año en Honduras y que entregó su vida por proteger, entre otros, al pueblo lenca, la mayor etnia del país, logrando que una multinacional china abandonara un proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, sagrado y vital para la supervivencia de esta etnia.

“Yo he conocido mártires que han dado su vida por apostar por los valores del Evangelio en el acompañamiento a los últimos, a los indefensos, a lo que ahora llamamos periferias”, confiesa Víctor Roberto Hernández, misionero de la diócesis de Getafe que ha pasado más de 25 años entre comunidades indígenas en Brasil, en la diócesis de Registro, en São Paulo. “Llegas como un supermán, pero pronto descubres en su forma de vivir otro modo de sentir”, explica este misionero, que se sumergió en la lengua guaraní y se impregnó de la cultura de los negros quilombolas, haciéndose uno entre ellos.

“Afortunadamente, la Iglesia brasileña siempre ha optado por una pastoral indígena que pasa por devolverles la dignidad. De hecho, tanto los documentos como los proyectos que se han llevado a cabo en las últimas décadas sobre la pastoral de la tierra son ejemplares”, aplaude este sacerdote de la OCSHA, que ha traducido el espíritu de hombres como Pere Casaldáliga o Hélder Câmara en hechos concretos con sus 18 comunidades guaraníes: paneles de energía solar, canalización de agua de manantiales en las aldeas, construcción de depósitos, pequeños centros de salud, mejora de la agricultura, potenciación de la artesanía... “Así, poco a poco, les presentábamos la figura de Cristo y realizábamos una lectura comunitaria de la Biblia”, añade.

Lo que tiene claro este misionero madrileño es que la encíclica verde de Bergoglio se ha convertido en un revulsivo. El concepto de “ecología integral” que lanza el papa Francisco hace que la protección de la casa común vaya ligada directamente a los derechos de quienes la habitan y protegen desde una diversidad multicultural, frente a la economía globalizada que tiende a homogeneizar. No en vano el conjunto de los territorios indígenas llega a aglutinar el 70% de la capacidad forestal y el 50% de la biodiversidad del mundo. 

 

La tierra, don de Dios

“Es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes, con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios”, escribe Jorge Mario Bergoglio en esta particular “carta magna”, en la que recuerda que, para los pueblos nativos, “la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”. El Papa se suma al grito de defensa de su dignidad, consciente de que “son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”.

Precisamente el viaje de Francisco a México en febrero de 2016 llevó a convocar el Encuentro Latinoamericano de Indígenas del Amazonas y Mesoamérica en San Cristóbal de las Casas, la región del país donde el 27% de su población es indígena. Ante ellos, el Papa no dudó en pedir perdón a los indígenas por “excluirlos y menospreciarlos”, en un alegato que buscaba también una respuesta de los líderes políticos: “Algunos han considerado inferiores sus valores, su cultura y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡perdón! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita”.

El Papa argentino dio, además, un paso hacia delante en la inculturación del Evangelio, autorizando el uso de la lengua náhuatl en los textos litúrgicos, como ya se hiciera con el teztal y tzotzil. Y no solo eso. Al rezar ante la tumba de Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de Las Casas, reconoció a un pastor cuestionado en tiempos por la Santa Sede, que siempre defendió celebrar la eucaristía de acuerdo con las costumbres autóctonas de la zona de Chiapas.

“La Iglesia llegó a América con la espada y la cruz; la religión se tomó entonces como punta de lanza de la colonización, como un arma de aculturación que acabó con la espiritualidad indígena”, afirma el profesor Felipe Gómez, quien, sin embargo, valora cómo en la actualidad “la Iglesia se ha situado a la vanguardia de la inculturación, en la defensa de los derechos de estos pueblos”.

“La Iglesia ha trabajado con los indígenas para que no se venda nuestra cultura y que no nos utilicen como bandera las organizaciones o partidos políticos”, defiende el sacerdote José Medina García, responsable de la Pastoral Indígena de la diócesis mexicana de Papantla. Desde su obispado se ha puesto en marcha un proyecto de recuperación de la identidad de estas comunidades, pero también acompañado de talleres jurídicos para hacer frente al neocolonialismo económico.

Como alternativa a este concepto de desarrollo occidental, la sostenibilidad se plantearía en el presente y en el futuro como la vía para lograr lo que estas comunidades han denominado “buen vivir” –“sumak kawasay”, en quechua–, que ya recogen las constituciones boliviana y ecuatoriana. Este planteamiento no pasa por cerrarse en banda al progreso, como explica Álvaro Pop: “Sin la explotación de los recursos no hay futuro, porque nos quedaríamos sin teléfonos celulares y sin energía eléctrica, pero tampoco hay futuro haciéndolo. Por eso hay que construir una tercera vía para el desarrollo, en donde el bienestar de todos incluya el bienestar de los pueblos indígenas, donde seamos reconocidos como ciudadanos de primera categoría”.

La Agenda 2030 de la ONU aborda directamente la urgencia de este desarrollo desde los principios de universalidad, derechos humanos, igualdad y sostenibilidad del medio ambiente. Supone un salto con respecto a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde apenas contaban con visibilidad. Así, 73 de las 169 metas planteadas en los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un vínculo significativo con los pueblos indígenas, como favorecer la producción de agricultores indígenas a pequeña escala y la igualdad de educación para los niños indígenas. El buen vivir.  

 

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