REPÚBLICA CENTROAFRICANA:
La violencia que no cesa

   

Desde septiembre del año pasado, la República Centroafricana conoce un nuevo ciclo de violencia. A pesar de la calma que se vive en la capital, Bangui, y de un acuerdo firmado recientemente por los grupos armados en Roma, la población sigue sufriendo las consecuencias de este conflicto, que dura ya más de cuatro años.

 

Por José Carlos Rodríguez

 

 

Musa Ibrahim está pletórico de alegría. Lo encuentro el 25 de junio pasado en la mezquita de Mali Maka, en el quinto distrito de Bangui, donde acaba de terminar la gran oración del Eid-Al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, y me dice emocionado que, desde que en 2014 los milicianos anti-balaka destruyeron el lugar sagrado donde acudió a la escuela coránica cuando era niño, nunca pensó que pudiera volver a proclamar la grandeza de Dios en el mismo lugar sin sufrir amenazas. Los mismos sentimientos son evidentes en los cerca de 400 musulmanes que han venido del vecino barrio de Kilómetro Cinco. Mientras los veo abrazarse con los cristianos del quinto distrito, me maravillo al pensar que, hace apenas un año, los seguidores del islam corrían serio peligro si se aventuraban a salir de su enclave para entrar en una zona que durante mucho tiempo ha sido hostil.

Según su alcalde, Alain Yemo, en el quinto distrito vivían antes de la crisis que estalló en 2013 unos 20.000 musulmanes, en buena simbiosis con cerca de 100.000 cristianos. A finales de enero de 2014, no quedaba un solo seguidor del islam en el vecindario, después de que los rebeldes anti-balaka realizaran una verdadera limpieza étnica, durante la cual destruyeron la mayor parte de las casas de los musulmanes. En la mezquita de Mali Maka no quedó piedra sobre piedra. Hoy las cosas han cambiado. Gracias a una iniciativa ciudadana liderada por Yemo, varios cientos de musulmanes comienzan a volver a sus hogares, con el beneplácito de sus antiguos vecinos, que les ayudan a instalarse; y la libre circulación entre las dos zonas de la capital, hasta hace poco enemigas, es una realidad. El último paso adelante ha sido volver a utilizar la mezquita como lugar de culto. De momento, los musulmanes han levantado una estructura de madera con unas lonas para congregarse todos los viernes. Entre los promotores más entusiastas de esta iniciativa se encuentra un joven llamado Edjezekane, comandante de zona de los anti-balaka que, además de estar en proceso de desarme y reintegración, han dado su apoyo al retorno de los musulmanes.

Para un país como la República Centroafricana, que desde su independencia en 1960 ha conocido una sucesión interminable de rebeliones, golpes de Estado, motines y violencias intercomunitarias, la normalización progresiva de relaciones entre cristianos y musulmanes en Bangui no deja de ser una grata sorpresa, que provoca en muchos el escepticismo de preguntarse hasta cuándo durará la calma. Pero, si la capital vive un ambiente de estabilidad desde octubre de 2016, en muchas zonas del interior del país los enfrentamientos violentos no cesan. El pasado 20 de junio, un grupo armado asimilado a los anti-balaka atacó la ciudad de Bria, situada a unos 600 kilómetros al este de la capital, y se enfrentó a un grupo de la seleka, la coalición rebelde musulmana que detentó el poder entre marzo de 2013 y enero de 2014. Murieron al menos 110 personas. Prácticamente todos sus 60.000 habitantes están desplazados y sus barrios son calles fantasmales, con numerosas casas destruidas en incendios provocados. Un mes antes, en otra ciudad estratégica del este, Bangassou, hubo 120 muertos durante un duro ataque acaecido el 13 de mayo, en el que las milicias fueron directamente a destruir el barrio musulmán de Tokoyo y a matar al mayor número posible de sus moradores. Miles de personas se refugiaron en el centro de la diócesis. Su obispo, el español Juan José Aguirre, pasó varias horas haciendo de escudo humano a la entrada de la mezquita, donde habían buscado cobijo algo más de mil aterrorizados musulmanes, muchos de ellos heridos. La llegada de un contingente de cascos azules portugueses bajo bandera de la ONU consiguió evacuar a todos ellos, pero no pudo impedir que los milicianos siguieran haciendo imperar su ley. Durante esa semana, murieron también seis soldados de la ONU, dos marroquíes y cuatro camboyanos.

 

Nueva oleada de violencia

La gran crisis centroafricana comenzó en 2013, cuando los rebeldes de mayoría musulmana de la seleka tomaron el poder por las armas en marzo de ese año. En enero de 2014, su líder Michel Djotodia fue obligado a dimitir como presidente, pero las violencias intercomunitarias continuaron. Tras dos accidentados años de frágil transición política, se celebraron elecciones en dos vueltas, a finales de 2015 y en febrero de 2016. Con la instalación del nuevo presidente, Faustin-Archange Touadera, el país vivió un periodo de varios meses de relativa calma. Pero, en septiembre de 2016, se abrió un nuevo capítulo de la guerra, esta vez con enfrentamientos en el seno de varias facciones de la seleka, que, tras perder el poder en Bangui, se instalaron en la mayor parte del este y norte del país. De forma extraña, sus archirrivales anti-balaka han realizado en ocasiones alianzas oportunistas con el FPRC –el grupo de la seleka considerado como más radical y que incluso varias veces ha amagado con realizar una partición del país– para atacar al enemigo común de ambos: el UPC, otra facción de la seleka dominado por la etnia peul. El FPRC agrupa a musulmanes de origen árabe junto con gulas y rungas del nordeste, y tiene en sus filas muchos mercenarios chadianos.

El centro de gravedad de este conflicto fue, durante la segunda mitad del año pasado, la ciudad de Bambari y sus alrededores. Pero, tras la intervención de la fuerza de Naciones Unidas en el país (conocida como la MINUSCA), el conflicto se trasladó del centro hacia el sur de la nación, donde hay importantes comunidades nómadas peul. Durante este tiempo, los enfrentamientos entre el FPRC y el UPC se han saldado con batallas en las que han muerto cientos de personas. La paranoia y los deseos de venganza se han extendido por todas partes, con actos de crueldad inusitada.

Así ocurrió el pasado 9 de mayo en Alindao, donde los choques armados entre los anti-balaka y el UPC dejaron 130 muertos. Al mismo tiempo, en muchos pueblos cercanos a Bangassou empezaban a formarse grupos de jóvenes que recibieron armas y entrenamiento antes de caer como una tormenta sobre la ciudad. Desde finales de ese mes, el conflicto se ha extendido a otras zonas del este, provocando la huida de varios miles de personas a la vecina República Democrática del Congo y la ruptura de comunidades que durante generaciones han vivido juntas. Las prefecturas de Haute-Kotto, Mbomou, Ouaka, Ouham y Ouham-Pendé conocen erupciones periódicas de violencia, muchas veces de forma simultánea, difíciles de controlar. “Los señores de la guerra se aprovechan de la ausencia del Estado y de la debilidad de los cascos azules para ocupar las zonas del territorio ricas en minerales”, explica Jean-Pierre Mara, parlamentario centroafricano. “Han puesto en marcha administraciones paralelas, imponen su propia ley e incluso cobran impuestos a la población”.

 

San Egidio, una ventana de esperanza

En medio de este caos, parece haberse abierto una ventana de esperanza con las conversaciones de paz, entre 13 de los 14 grupos armados que operan en el país, que se realizan bajo la mediación de la Comunidad de San Egidio. El pasado 19 de junio todos ellos firmaron un acuerdo con el Gobierno, por el que se comprometen a observar un alto el fuego. La noticia fue recibida con gran escepticismo por parte de la población centroafricana, que no ve de momento signos de que esas buenas palabras se traduzcan en una situación de paz sobre el terreno. Además, al día siguiente de la firma tuvo lugar el ataque de Bria, que cayó como un jarro de agua fría sobre quienes se mostraban más optimistas. Se espera, no obstante, que los puntos principales de este documento sirvan de base para discutir en futuras reuniones las negociaciones sobre el programa de desarme, la justicia transicional y las reparaciones a las víctimas del conflicto centroafricano. Poco antes de estas negociaciones empezó a ponerse en marcha, en Bangui, el Tribunal Penal Especial que se encargará de juzgar los crímenes de guerra más graves. La sociedad civil ha acogido esta noticia con esperanza, al mismo tiempo que presiona para que comience también lo antes posible la Comisión Verdad, Justicia y Reparación, como decidió el Foro de Bangui de mayo de 2015.

San Egidio llevaba trabajando discretamente sobre el conflicto centroafricano desde 2013. En febrero de 2015, durante el periodo de la transición, consiguió que diez personalidades políticas se comprometieran a garantizar la celebración de elecciones democráticas, que tuvieron lugar a finales de ese año. También en noviembre de 2015, la organización católica consiguió un compromiso de todos los grupos armados para que cesaran las hostilidades durante la visita del papa Francisco a Bangui. El presidente de San Egidio, Marco Impagliazzo, intervino el pasado 12 de junio ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para anunciar esta nueva iniciativa de paz, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas. El Papa mostró su apoyo a la misma con un mensaje especial para Centroáfrica el pasado 18 de junio: “Llevo en el corazón la visita que hice a aquel país en el mes de noviembre de 2015 y deseo que, con la ayuda de Dios y la buena voluntad de todos, sea relanzado y reforzado el proceso de paz, condición necesaria para el desarrollo”. Por su parte, el arzobispo de Bangui, el cardenal Dieudonné Nzapalainga, se ha mostrado cauto, sobre todo por el apartado del acuerdo en el que los grupos abogan por la impunidad, y ha negado que la Iglesia centroafricana participe de momento en esta propuesta.

 

Escepticismo hacia la comunidad internacional

Las intervenciones de la comunidad internacional en Centroáfrica no han conseguido hasta la fecha frenar la violencia imparable que se vive en la nación. La misión militar francesa conocida como “Operación Sangaris” se marchó del país en octubre de 2016, después de casi tres años. La MINUSCA, dotada de 12.000 cascos azules, no ha conseguido eliminar la amenaza de los grupos armados, que campan por sus fueros en la mayor parte del territorio centroafricano, y que se aprovechan de sus riquezas naturales para rearmarse y financiar sus actividades. La población sufre las consecuencias: de sus cuatro millones y medio de habitantes, cerca de un millón viven como desplazados internos o como refugiados en países vecinos; la mayor parte apenas consigue comer una vez al día y la República Centroafricana sigue ostentando el triste récord de situarse en el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano.

Con este panorama, sorprende poco que la gente no esconda su escepticismo hacia las acciones de la comunidad internacional y que se muestre cada vez más desilusionada respecto a sus dirigentes. Los políticos de la oposición aprovechan para pescar en el río revuelto del descontento general y abogan por soluciones populistas, como el rearme inmediato de las fuerzas armadas centroafricanas, que siguen todavía bajo un embargo internacional impuesto por Naciones Unidas. Entre los pocos signos positivos de las últimas semanas, destaca el cambio de actitud que ha mostrado el presidente chadiano Idriss Deby, considerado en numerosas ocasiones como el padrino de la seleka. El pasado 24 de junio su Gobierno congeló los bienes del señor de la guerra Abdoulaye Issene y emitió una orden internacional de detención contra él, distanciándose de este modo de quienes ha apoyado de forma a veces solapada y a veces más evidente. Mientras tanto, los sufridos centroafricanos rezan para que por lo menos la situación no empeore.

 

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