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 Hace unos años, un periodista preguntaba al ex guerrillero metido a político: “¿Es posible que usted, algún día, llegue a la Presidencia de la República? ¿Se ve usted como presidente?”. Y su interlocutor, hombre llano y campechano donde los haya, respondía con la sinceridad propia de quien ya ha vivido mucho y está de vuelta de todo: “Eso es tan difícil como el silbido de un cerdo”.
Pues bien: ese hipotético cerdo silbó en Uruguay el pasado 29 de noviembre, día en el que el político en cuestión, José Mujica, de 74 años, ganó el balotaje (segunda vuelta electoral) al candidato conservador y ex presidente del país entre 1990 y 1995, Luis Alberto Lacalle. El triunfo, pronosticado por todas las encuestas, fue relativamente holgado, pues casi diez puntos (52,6% para uno, 43,2% para otro) separaron a ambos políticos en la hora decisiva. El próximo 1 de marzo, Mujica sucederá al frente de la República, y durante los próximos cinco años, a su correligionario Tabaré Vázquez. Ese día se convertirá en el segundo ex guerrillero que consigue el poder a través de las urnas en América Latina, tras el sandinista Daniel Ortega en Nicaragua.
Que “Pepe” Mujica no se viera como presidente hace unos años no tiene nada de extraño. Hasta el triunfo de Vázquez de 2004, Uruguay no había tenido ni un solo Gobierno de izquierdas en toda su historia. Nunca, tampoco, “la suiza de América”, como se suele llamar a este pequeño país de poco más de tres millones de habitantes, había contado con un presidente tan longevo como este septuagenario. Hasta él mismo era consciente cuando hizo esas declaraciones de que ni siquiera daba el perfil de político al uso.
Quizá esa haya sido ahora su mejor baza. Esa, y su popularidad, claro, fruto de una bien merecida reputación de persona íntegra y de convicciones. El hombre que ha encabezado la candidatura del Frente Amplio (coalición de centro-izquierda en la que tienen cabida desde el Movimiento de Participación Popular del propio Mujica, hasta el Partido Comunista) es un ex guerrillero tupamaro que pasó catorce años en prisión en condiciones infrahumanas. De hecho, alguno de sus compañeros de cautiverio ha relatado ahora que, en alguna ocasión, el hoy presidente electo se vio obligado a ingerir su propia orina porque sus carceleros no le daban agua. Al finalizar la dictadura en 1985 y retornar la democracia, él recuperó la libertad… y, con ella, la perspectiva. Abandonó para siempre la lucha armada de los tupamaros, la guerrilla urbana de extrema izquierda que hizo su aparición en los sesenta, e inició una nueva aventura: la de llegar al poder a través de las urnas, en lugar de a tiros. Esa nueva andadura la emprendió junto a su mujer, Lucía Topolansky, ex guerrillera que, como él, pasó también trece años en prisión.
De estilo cercano, el nuevo presidente de Uruguay viste y habla como la gente de la calle. No tiene formación universitaria, no suele llevar traje, y su lenguaje puede resultar hasta soez, de coloquial y familiar que puede llegar a ser. Su carrera política, no obstante, nada tiene que envidiar a la de cualquier otro político. Ha sido diputado (1995), senador (1999, elegido con el mayor respaldo de la historia del país) y ministro de Agricultura durante tres años con Tabaré Vázquez. Pese a ello, el éxito no se le ha subido a la cabeza. Sigue viviendo en una granja a las afueras de Montevideo, en donde cultiva su huerta –suele decir que es un “ex guerrillero vegetariano” y “campesino de vocación”–, cuida sus flores y se desplaza en una destartalada motocicleta. Todo lo contrario que otros políticos, vamos, siempre pegados al coche oficial y a las prebendas del cargo, y pendientes de su imagen pública.
La baza del miedo
 Su simplicidad y humor han hecho de él el político más popular, incluso entre los jóvenes. Durante la campaña electoral, la oposición trató de contrarrestar su innegable carisma recurriendo a la baza del miedo. Y así, pregonó que Mujica era el “Chávez uruguayo”, cuando él, que se define socialdemócrata, no dejaba de repetir que su modelo a seguir era “Lula” da Silva. El mensaje no caló, como demuestra el resultado final, pero, por si acaso, lo primero que hizo el candidato del Frente Amplio nada más ganar fue tranquilizar a los mercados y a los inversores. Que nadie se alarme, vino a decir. Habrá “continuidad” en las líneas fundamentales del Gobierno.
Otros dos “mensajes” más lanzó Mujica esa noche, en la que, a pesar de la lluvia, miles de personas se echaron a la calle al son de los tambores a festejar el triunfo. El primero iba dirigido a la oposición política, a la que, en un hecho nada habitual, pidió perdón si en el transcurso de la campaña y en el fragor de la disputa “la lengua me llevó demasiado lejos”. El segundo fue un mensaje de unidad y concordia para todos los uruguayos. “Aquí –dijo– no hay ni vencedores ni vencidos. Todos somos hermanos. Elegimos un Gobierno que no es dueño de la verdad y les precisa a todos. (…) Pienso escuchar en primer término a aquellos que no concuerdan con nosotros, porque sus razones tienen y son una parte de la realidad”.
Ley del aborto
Una parte de esa realidad a la que –de cumplir su palabra– deberá escuchar Mujica está formada por quienes se oponen a la despenalización del aborto. En Uruguay, un país en el que el divorcio está legalizado desde 1907, las mujeres disfrutan de derecho al voto desde 1932 y las uniones civiles de homosexuales están también autorizadas (con adopción de niños incluida desde septiembre pasado), el aborto no está permitido. Es ilegal. Incluso en los supuestos de violación o riesgo para la vida de la madre. La legislación contempla penas de tres a nueve meses de cárcel para la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo, y de seis a veinticuatro meses para quien la ayude a abortar, sea médico u otra persona. El juez, eso sí, podrá atenuar o eximir de la pena en cuatro supuestos: violación, honor de la familia, angustia económica y peligro para la vida de la madre. Pero el espíritu de la legislación, más allá de atenuantes o eximentes, es el de que no se puede matar impunemente, y de buenas a primeras, al ser que está en camino.
 Eso hasta ahora, porque en el futuro la cosa puede cambiar. La cuestión del aborto copó, en efecto, el tramo final de la campaña electoral entre Mujica y Lacalle, y motivó, incluso, que el 23 de noviembre, una semana antes del balotaje, unas 3.000 personas se manifestaran por las calles de Montevideo en defensa del derecho a la vida. Marchas similares se sucedieron también en ciudades como Salto, Paysandú, Rivera, Durazno, Tacuarembó y Carmelo, bajo el lema “Porque cada vida importa”.
Las movilizaciones iban contra el anuncio efectuado por Mujica de que no vetaría una posible ley del Parlamento (en donde su partido tiene mayoría absoluta) en esta materia. “No vamos a tener la más mínima iniciativa [sobre el aborto], pero respetaremos la decisión que tome el Parlamento, no la vamos a vetar”, dijo el nuevo presidente en un programa televisivo. Posteriormente, en otro acto, se mostró partidario de que el tema lo resuelva “el pueblo uruguayo en un plebiscito”.
“Esta vez Vázquez no juega el partido”, se lamentan los responsables pro-vida uruguayos, añorando ya al presidente saliente. Tabaré Vázquez, en efecto, médico oncólogo de profesión, vetó en 2008 el apartado segundo de la Ley Sexual y Reproductiva aprobada por el Congreso, que era el que trataba precisamente de la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta la había hecho su propio partido, el Frente Amplio.
Gestión modélica
La Presidencia de Vázquez será de las que se recuerden. Pocas veces un mandatario (y menos en América Latina) deja el puesto con tan altas cotas de popularidad y respaldo a su gestión. Durante sus cinco años de gobierno, la economía ha crecido un 35% y, a pesar de la crisis, el paro ha descendido seis puntos porcentuales (del 13% al 7%) y la pobreza, doce: del 32% al 20%. Su Administración, además, ha avanzado en una reforma que garantiza el acceso universal a la sanidad, y en otra educativa que ha permitido que cada alumno de las escuelas públicas disponga de un ordenador portátil.
Otro gran empeño del socialista Vázquez ha sido combatir la impunidad de que han gozado todos estos años los represores de la dictadura. En octubre, unos días antes de la primera vuelta electoral, la Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucional” la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, norma de 1986 (ratificada en referéndum en 1989) que impedía juzgar a los culpables de la violencia política y de las desapariciones. Esa decisión ha permitido ya a la Justicia, por ejemplo, procesar y condenar a veinticinco años de prisión, por el asesinato de 37 opositores, al ex dictador Gregorio Álvarez, de 83 años, jefe del Ejército entre 1977 y 1978 y presidente de facto de 1981 a 1985. Y a otros veinte años al capitán de Marina Juan Carlos Larcebeau, por la desaparición de 29 prisioneros en 1978. En total, en Uruguay hay constatadas 231 desapariciones.
 Sin embargo, un referéndum convocado por Vázquez el pasado 25 de octubre para derogar la ley y proseguir los juicios a los represores no salió adelante. La consulta solo recibió el apoyo del 48,3% de los electores (se requería la mitad más uno de los sufragios), con lo que la Ley de Caducidad seguirá vigente. Los uruguayos han optado por la reconciliación, no remover el pasado, pasar página y dejar las cosas como están.
Ese 25 de octubre, el pueblo tuvo que pronunciarse también sobre si autorizaba o no el voto para el cerca de un millón de compatriotas del exilio, la gran mayoría de ellos –entre 300.000 y 400.000– residentes en la vecina Argentina. La propuesta tampoco salió adelante, pues el “sí” obtuvo un escueto 36%.
Un último apunte, para terminar. La Conferencia Episcopal Uruguaya recordó poco antes del balotaje los criterios por los que, a su juicio, debían expresar su voto los electores. Estos estaban recogidos en un documento titulado Pautas ante tiempo electoral, publicado el pasado 28 de abril, en el que se dice: “Corresponde a cada cristiano el deber ineludible de tomar en conciencia sus propias decisiones político-partidarias. (…) La comunidad eclesial es plural en lo político-partidario, por lo que el respeto y enriquecimiento mutuo deben ser el modo específico de encarar este tema. Por lo mismo, ningún cristiano puede reivindicar su postura como la única evangélica”.
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