OMPRESS-COLOMBIA (9-03-20) Los obispos colombianos de la costa sur del Pacífico denuncian la crisis humanitaria en que vive la región. Tras tres días de encuentro los obispos de los departamentos colombianos de Nariño y Cauca, emitían un comunicado manifestando su preocupación “por el sufrimiento de nuestros pueblos, que se expresa en el abandono del Estado de sus ciudadanos, en el incremento del número de homicidios, los continuos enfrentamientos de los grupos armados que ponen en riesgo la vida de las comunidades”. Ya a finales del año pasado el arzobispo de Popayán, Mons. Luis José Rueda Aparicio, lanzaba un llamamiento, “No a la guerra ni a la estrategia del miedo en el Cauca”, y desde estas diócesis no se han dejado de llevar a cabo acciones de la pastoral social de la Iglesia frente a la crisis que afecta a estos departamentos. Entre los seis obispos firmantes se encuentran Mons. Óscar Augusto Múnera Ochoa, Vicario Apostólico de Tierradentro, y Mons. Carlos Alberto Correa Martínez, Vicario Apostólico de Guapi, territorios a los que apoyan económicamente las Obras Misionales Pontificias año tras año.

En esta zona de Colombia sigue habiendo casos de reclutamiento de jóvenes y niños por parte de grupos armados, expansión de la siembra de cultivos ilícitos y la minería ilegal, con el consiguiente deterioro ambiental de una de las regiones más hermosas del mundo. En un año, entre marzo de 2018 y agosto de 2019, fueron asesinados 36 líderes sociales en el valle del Cauca. El número de indígenas asesinados en 2019 fue de 73. Por eso, pedían a las autoridades y a todos los ciudadanos para que cada uno desde sus responsabilidades, velen por el respeto y cuidado de la vida humana y la Casa Común. Hacían también referencia al secuestro de los civiles retenidos en los últimos días en la zona rural del municipio de Guapi. “Estamos convencidos”, explicaban los obispos, “que la vida humana, la libertad y la movilidad en el territorio son esenciales para el progreso de los pueblos. Por eso solicitamos a quienes los tienen retenidos que les permitan retornar cuanto antes al seno de sus familias”.

“Nos preocupa”, añaden, “el incremento de los cultivos de uso ilícito en nuestras comunidades, y al mismo tiempo la posibilidad del reinicio de la fumigación, pues creemos que frente a las complejas problemáticas que vivimos en el territorio, se deben implementar soluciones estructurales, lideradas por el Estado y el compromiso de la sociedad civil”.