OMPRESS-PARAGUAY (14-12-17) La Red nacional de emisoras de Paraguay, que comprende numerosas radios católicas y comunitarias, a través de un comunicado firmado por el presidente de la misma, Jorge Bazán, ha informado y condenado, de modo enérgico, “el desalojo violento y el incendio de las viviendas de los indígenas de la comunidad Ava Guaraní Jejeytymirî, en el distrito de Yvyrarovana”. Esta red de emisoras se ha hecho eco a su vez de un comunicado de la pastoral indígena de la diócesis del Alto Paraná y Kanindeju, que informa sobre cómo los indígenas han sido expulsados de sus tierras.

Según informa desde esta diócesis, “el desalojo fue ordenado por el Fiscal Lucrecio Cabrera. La Comunidad está asentada en su territorio ancestral del inmueble de quinientas hectáreas, denominado Jejeytymirî – pequeño bosque de palmitos – estando en posesión de las mismas. La tierra fue adquirida por el Instituto Nacional del Indígena (INDI) en el año 1996 individualizada como finca Nº 1679, cuando ellos ya se encontraban en posesión de las mismas desde siempre, siendo parte del territorio ancestral Vaka retângue”.

Según informan, el mismo juez que ha ordenado el desalojo, ha permitido después que se incendiaran las viviendas de los indígenas con todos sus bienes en el interior.

No es la primera vez que comunidades indígenas guaraníes son expulsadas de sus asentamientos y sufren el incendio de sus hogares. Según el comunicado, los productores de soja presionan a los indígenas para que arrienden sus tierras, si no lo hacen buscan expulsarlos. La nota prosigue acusando al INDI, de llegar siempre tarde. La violación de los derechos humanos de esta comunidad se produce con el amparo judicial, a pesar de no poder negar las evidencias de que esta tierra siempre fue de la comunidad.

Las pruebas que aporta el equipo Pastoral Indígena Espíritu Santo, de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo, son contundentes: “De modo increíble, las autoridades niegan la existencia de esta Comunidad, pues ya se tienen datos de la misma en los Censos del año 2002 y 2012, y esto consta en los resultados elaborados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de la Presidencia de la República. En dicha comunidad tienen una escuela reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias desde el año 2000”.

Las hermanas Mariblanca Barón, Ángela Balbuena y Claudia Cáceres, que forman el equipo, explican que en estas tierras la comunidad “posee un cementerio, símbolo de posesión de la comunidad desde tiempos antiguos, lugar donde reposan sus ancestros que se halla en medio de la mecanizada, erguido aún como un gigante, como un mudo testigo del feroz atropello que está siendo víctima la comunidad con la intención de despojo total de sus tierras”.

Se pide por tanto que se respete la Constitución de Paraguay, que prohíbe la enajenación de las tierras indígenas, que se les devuelvan sus tierras y, sobre todo, “que de una vez por todas se dejen de violar los Derechos Humanos indígenas, y se preserve a los niños y niñas de estos atropellos violentos con graves secuelas en el presente y el futuro de sus vidas”.