OMPRESS-NICARAGUA (7-07-20) Entre marzo y junio, la ONU ha recogido 43 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte del gobierno contra la oposición. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hacía una declaración el pasado 2 de julio, resaltando la situación del país. Hablaba de “persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos”. Se coarta el derecho a la reunión pacífica, hay detenciones arbitrarias, y subrayaba la impunidad de quienes cometieron graves violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía.

“Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos de 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas, mientras exigían la liberación de los arrestados. Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior”.

A esto se sumaba la crisis causada por el covid-19, con “poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos”, y medidas gubernamentales “que no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense”. Y denunciaba que “al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia”.

Se trata de denuncias que coinciden con el pormenorizado análisis de la CPAL Social, el Apostolado Social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina. En su página web hacen un recorrido cronológico y social bajo el título “Las peores horas del régimen”. Denuncian los religiosos, entre otras cosas, como el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó la pandemia, lo que ha llevado a que Nicaragua sea el epicentro de la pandemia en Centroamérica, con las cifras de positivos en aumento; el lavado de dinero de los cárteles; las entregas de armas a grupos irregulares… La CPAL Social concluía que “es la mala hora de Nicaragua. Y son las peores horas del régimen. En abril 2018 la dictadura tembló ante una multitudinaria explosión ciudadana que llenó las calles del país. Dos años después, ¿será la pandemia la que marque la hora de su implosión?”.