OMPRESS-VENEZUELA (4-03-19) Esta pasada semana la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica condenaba los sucesos que tuvieron lugar en la localidad venezolana de Santa Elena de Uairén, en los que una vez más fueron los indígenas los que sufrieron el ensañamiento de las autoridades venezolanas, con 4 muertos y numerosos heridos.

Esta red solidaria de la Iglesia católica que une a líderes indígenas, sociales y religiosos, ha promovido desde su creación la defensa de los derechos y la dignidad de los indígenas. Aúna a los nueves países que comparten la inmensa cuenca del Amazonas. Por eso no ha dudado en elevar “su voz de dolor, angustia e indignación, ante los dolorosos sucesos que se están desarrollando en medio de la tensión desatada por el intento de ingresar la ayuda humanitaria al país desde la mañana del pasado 23 de febrero, en la población de Santa Elena de Uairén, en el Territorio de la Gran Sabana en el Estado Bolívar, colindante con el estado de Roraima en Brasil”.

“Según informaciones reseñadas en las redes sociales y en algunos medios de comunicación social así como de personas que viven y desarrollan una actividad de promoción social en la zona, ya van, en un primer momento, 4 personas fallecidas, más de 26 heridos, algunos de los cuales han tenido que ser evacuados al Hospital de Boa Vista por la imposibilidad del Hospital de Santa Elena de Uairén de atenderlos, y un número indeterminado de detenidos y desaparecidos. Contactos directos posteriores hablan de cifras mayores por contabilizar, y, sobre todo, denuncian el clima de violencia y persecución que ha ido en aumento”.

El comunicado señala el ensañamiento que sufren los pueblos indígenas, sobre todo desde que el gobierno venezolano creara la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Desde el 24 de febrero de 2016 que se publicó el decreto de creación de esta “zona”, “sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas; y sin realizar un estudio de impacto socio-ambiental”, la REPAM denuncia que “se han incrementado el número de masacres y desapariciones en los municipios mineros, cuyo control está en manos de bandas criminales”.

“La actuación de estos días en Santa Elena de Uairén es una muestra más de lo que se hace contra los más indefensos”, señalan. Por eso, “elevamos nuestra voz, junto con la de tantos venezolanos, para denunciar esta situación, asumir una actitud crítica frente al manejo de la situación que empiezan a hacer determinadas autoridades, y pedir el respeto de los derechos de estos pueblos autóctonos, y abrir los ojos ante la terrible realidad social que sufre una gran mayoría de la población de Venezuela”. La REPAM manifiesta finalmente “su solidaridad con la Iglesia venezolana, en particular con el Vicariato Apostólico de Caroní, en su incansable defensa de los derechos de la población. Manifestamos también nuestra solidaridad con el hermano pueblo Pemón y con toda la sociedad venezolana y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y de los derechos humanos”.