OMPRESS-NICARAGUA (12-02-21) En su página web los jesuitas centroamericanos recogen un documento denunciando la política en la cuestión del blanqueo de capitales, y la ampliación de las detenciones sin cargos hasta 90 días en Nicaragua. Desde las manifestaciones de 2018, con estudiantes, jubilados y pensionistas en las calles, que fueron reprimidas con violencia, no parece haber mejorado la calidad democrática del país.

El documento que habla de la realidad actual de Nicaragua denuncia que la “Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley 842 conocida como Ley de Defensa de los Sancionados, que según la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) pretende que se reabran las cuentas a 28 personas sancionadas por EEUU y la Unión Europea”. Como ocurre en el caso de Venezuela, la oficina de control de activos de Estados Unidos ha sancionado a 28 funcionarios del gobierno de Nicaragua, así como empresas del país por corrupción, lavado de dinero y violación a los derechos humanos.

Al aprobar la ley 842, denuncia el documento, “Nicaragua se colocará fuera de las normas internacionales establecidas para prevenir el lavado de dinero, lo que podría causar el cierre de las relaciones entre bancos europeos y estadounidenses y los bancos locales”. De hecho, ese es el mayor problema porque afectaría a los más pobres, puesto que si se rompieran relaciones entre los bancos, se pone en riesgo “el envío de remesas familiares por nicaragüenses residentes en Estados Unidos. Como sabemos, decenas de miles de familias nicaragüenses se apoyan en las remesas para enfrentar su sobrevivencia”.

Estos envíos de dinero de emigrantes nicaragüenses para sostener a sus familias alcanzaron “en el 2020, un monto global registrado de 1,851 millones de dólares, un 10% más que en 2019, de acuerdo con el Banco Central de Nicaragua. Todas estarían en riesgo. Y en el menor de los casos, las familias verán reducidas sus remesas por los altísimos costos que cobrarán los bancos internacionales por esas transacciones”.

La segunda denuncia que apunta el documento recogido por la Compañía de Jesús en Centroamérica tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas y los ciudadanos: “La Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Procesal Penal con la que amplió de 48 horas a 15 ó 90 días el plazo para que una persona sea detenida sin una acusación formal. De esta manera el gobierno legalizó la forma en la que ha venido operando el régimen, que de manera arbitraria detiene y semanas después los acusa de cualquier delito, decisión criticada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos y organismo internacionales”.

Termina el texto señalando la situación de poca claridad con respecto a la actual pandemia del gobierno de Nicaragua: “en el mes de enero se registran 80 fallecidos por COVID-19, según el Observatorio Ciudadano (COVID-19), pero el Ministerio de Salud (MINSA) solo registra cuatro muertos”. En cuanto a las vacunas, “aún se desconoce cuándo llegarán las primeras dosis y cuántas” y tampoco hay “un plan de vacunación, ni quiénes serán los primeros en acceder a las dosis”.