OMPRESS-VENEZUELA (16-01-18) Tras la Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana, que tenía lugar la semana pasada, los obispos venezolanos hacían pública la exhortación “Dios consolará a su pueblo”. Una dura exhortación en la que se han querido hacer “eco de las palabras del santo Padre Francisco ante el Cuerpo Diplomático acreditado en la Santa Sede el pasado 8 de enero: ‘Pienso especialmente en la querida Venezuela, que está atravesando una crisis política y humanitaria, cada vez más dramática y sin precedentes…’”.

Los obispos venezolanos consideran que “las políticas del gobierno han llevado a los ciudadanos a una gran dependencia de los organismos del Estado. Esto ha generado una contracción de la libre iniciativa, del emprendimiento, de la capacidad de las personas y las empresas para crear empleo y del estímulo para una mejor formación profesional. Las medidas que el gobierno implementa para dar alimento al pueblo son insuficientes y tienden a crear mendicidad y mayor dependencia. Por otra parte, las políticas sociales y económicas están infectadas del morbo de la corrupción. Además, el férreo y prolongado control de divisas es un freno injusto al desarrollo de la empresa privada. Estas políticas han dado como resultado aumento de la pobreza, desempleo, carencia de bienes básicos, descontento y desesperanza general”.

A esto se suma “el éxodo de millones de venezolanos que buscan nuevos horizontes nos duele profundamente, así como las fórmulas desesperadas para huir del país”. Hacían referencia a la reciente noticia del naufragio que acabó con el naufragio de una embarcación de personas que huían de Venezuela.

Tras afirmar con firmeza, que “la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño”, apuntan que “las dificultades de entendimiento cada vez más graves entre el gobierno y la oposición política, a falta de un punto de apoyo común que se respete en la realidad, como debería ser la Constitución vigente, exigen al pueblo que asuma su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna”. Para ello es necesario, señalan los obispos venezolanos, que “el Consejo Nacional Electoral tiene que ser reestructurado para que cumpla con la imparcialidad que le pide la Constitución vigente. Solo así actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo. Ante las próximas elecciones debe contarse con la presencia y supervisión de Observadores por parte de reconocidos Organismos Internacionales”.

Además, “la emergencia económica y social hace indispensable que el Gobierno permita un Canal Humanitario. La desnutrición ha sido verificada científicamente, las muertes por inanición conmueven, las protestas por el hambre cunden en todo el país. Las diócesis, parroquias, Caritas y otras instituciones y ONGs están haciendo lo posible, para ayudar con alimento y medicinas a quienes los necesiten”.

“Venezuela necesita un cambio de rumbo. El Ejecutivo ha fracasado en su tarea de garantizar el bienestar de la población: ni los servicios públicos, ni la industria petrolera, ni los cuerpos de seguridad, ni la sanidad pública, ni otros organismos han sabido responder a las necesidades de la gente. Las elecciones son el medio democrático para lograr ese cambio de rumbo”.

La libertad es un derecho humano inalienable, no negociable, y una exigencia de la democracia, señalan los obispos. “Manifestamos nuestra solidaridad con los centenares de presos políticos, exiliados y detenidos por cualquier causa, muchos en situaciones infrahumanas, enfermos, privados de visitas familiares, a los cuales se les niega el derecho a un debido proceso. Deben gozar de libertad plena”.